La normalidad de la anormalidad

La normalidad de la anormalidad

EDURNE URIARTE

En España nos hemos acostumbrado al incumplimiento de la ley. Y los que no se acostumbran tienen miedo a las consecuencias.

ESTE fin de semana me enfrenté al reto intelectual de explicar a mis amigos argentinos el debate sobre la enseñanza y el idioma en Cataluña. Tarea complicada, no porque mis amigos tengan escasos conocimientos políticos, todo lo contrario, sino porque les pasa lo que a cualquier demócrata, les cuesta entender que determinados abusos sean posibles en un sistema democrático avanzado. De ahí que, como cualquier extranjero, tiendan a pensar que alguna ofensa terrible se les acaba de hacer a los políticos catalanes para se hayan indignado de tal manera.

Afortunadamente, ellos mismos me pusieron en bandeja un ejemplo argentino que me sirvió para explicarles que lo de Cataluña era la normalidad de la anormalidad, en este caso, la anormalidad impuesta por los sucesivos Gobiernos catalanes. Me recordaron que el patrimonio de Cristina Fernández Kirchner había aumentado en un 3.540 por cien entre 2003, año de la llegada al poder de Néstor Kirchner, y 2011, y que el vicepresidente del Gobierno, Amado Boudou, está procesado por dos gravísimas denuncias de corrupción.

¿Y no hay una reacción social ante eso? les pregunté. No, Argentina ha interiorizado la normalidad de la corrupción, me respondieron. Y eso, en la semana en que estos dos mismos gobernantes esperaban culminar su proceso de acoso contra un medio de comunicación, Clarín, afortunadamente frustrado de momento por la decisión de dos jueces. Pero en una atmósfera, continuaron su relato, en la que jueces, periodistas, empresarios, intelectuales y cualquiera tiene miedo a las consecuencias si osan levantar la voz contra el Gobierno.

Pues bien, lo de Cataluña, les expliqué, es la misma normalidad de la anormalidad. Se trata de una autonomía con dos idiomas oficiales, el castellano y el catalán, en la que los sucesivos Gobiernos han impedido que los niños reciban la enseñanza en uno de ambos idiomas. Aún más, cuando los tribunales han exigido a esos Gobiernos el cumplimiento de la ley, es decir, permitir la enseñanza en castellano, han desobedecido a los tribunales. Y aún más asombroso, cuando el Gobierno de la nación ha anunciado medidas para que se cumpla la ley y para que se acabe con el abuso de impedir el uso del castellano en la escuela pública, esos Gobiernos han respondido airadamente, ratificando su intención de seguir incumpliendo la ley.

¿Y no hay una reacción social ante eso? me preguntaron también. Pues no demasiada, les expliqué. También en España hemos interiorizado la normalidad de esa anormalidad. Nos hemos acostumbrado al incumplimiento de la ley. Y los que no se acostumbran, tienen miedo a las consecuencias, como en vuestro país.